Un juez federal en Boston permitió que el proyecto Vineyard Wind continúe con sus trabajos en Massachusetts, tras la suspensión ordenada en diciembre por el gobierno de Donald Trump. La decisión del juez de distrito Brian Murphy, nombrado por Joe Biden, representa un nuevo revés para la política antieólica marina impulsada por la administración estadounidense.

La paralización inicial se justificó en supuesta información clasificada sobre riesgos de seguridad nacional relacionados con interferencias en radares. Sin embargo, el fallo judicial abre la puerta para que la empresa conjunta de Iberdrola y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) retome la construcción de su parque eólico, valorado en 4,500 millones de dólares.

Vineyard Wind indicó que continuará trabajando con las autoridades de Estados Unidos “para una resolución rápida y permanente del procedimiento”. La compañía subrayó que el proyecto Vineyard Wind 1 se encuentra completado en un 95% y ya suministra energía a hogares e industrias de Nueva Inglaterra, mientras que el 5% restante será finalizado en los próximos meses.

El proyecto es considerado la primera gran instalación eólica offshore de Iberdrola en Estados Unidos, con una participación del 50% a través de Avangrid Power, filial de Avangrid. La inversión, cercana a 3,000 millones de dólares, está respaldada por contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado, lo que garantiza estabilidad financiera y operativa.

La resolución judicial refuerza el papel de Vineyard Wind en la transición energética de la región, al tiempo que evidencia las tensiones políticas en torno al desarrollo de proyectos de energía renovable en Estados Unidos.