La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa Transportadora Silza, responsable de la pipa de gas LP que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, no contaba con una póliza de seguro vigente registrada ante el organismo para cubrir responsabilidad civil ni daño ambiental.

El incidente, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de más de 90 personas lesionadas, 19 de ellas en estado grave, y provocó la muerte de al menos cuatro personas, según autoridades locales. La explosión se produjo tras la volcadura del semirremolque, propiedad de la compañía subsidiaria del Grupo Tomza, mientras circulaba por la calzada Ignacio Zaragoza.

En un comunicado oficial, la Agencia informó que inició los protocolos técnicos para elaborar el informe de causa raíz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que se encuentra realizando el rastreo de permisos y seguros vinculados al vehículo siniestrado. “En caso de que se determinen fallas atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente”, advirtió el organismo.

De acuerdo con el expediente, la última póliza registrada por la planta de almacenamiento de Gas Tomza venció el 12 de junio de 2025, y aunque se ingresó una solicitud para renovar el seguro, esta fue desechada por las autoridades. Por lo tanto, al momento del accidente, no existía cobertura vigente para la operación del transporte involucrado.

La explosión reavivó el debate sobre el cumplimiento normativo en el transporte de materiales peligrosos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en el sector energético. Inspectores de ASEA y de la Comisión Nacional de Energía asistieron al sitio del siniestro para recabar evidencia técnica y verificar el cumplimiento de las condiciones operativas.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que se mantiene contacto con la empresa y su aseguradora, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar la atención integral a las víctimas.