Por Marlene Rocha
En el foro Energy Talks 2025 México, Centroamérica y El Caribe, Ruta hacia la descarbonización, organizado por Siemens Energy, voces del sector público y privado coincidieron en que la región posee una riqueza natural invaluable y un enorme potencial en energías renovables, pero enfrenta desafíos estructurales que requieren acción inmediata.
La discusión giró en torno a una pregunta central: ¿cómo puede Latinoamérica convertirse en protagonista de la transición energética global? Con la mirada puesta en la próxima COP-30 en Brasil, especialistas y funcionarios destacaron que la etapa de regulación ya está superada y que ahora el reto es pasar a la acción, mediante políticas industriales, alianzas estratégicas y marcos regulatorios estables que generen confianza e impulsen inversión de largo plazo.
José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNART, expuso los retos y oportunidades de México y la región frente a la COP-30 en Brasil. Destacó la necesidad de pasar de la regulación a la acción, fortalecer políticas industriales y consolidar alianzas estratégicas que permitan una transición energética efectiva.
El subsecretario explicó que tras tres décadas de conferencias internacionales, la COP-30 representa un punto de inflexión. “Durante la mayor parte del tiempo hemos tenido un proceso regulatorio muy intenso para asignar compromisos diferenciados y coordinar la acción. Ahora la Convención se concentrará en monitorear avances”, señaló.
Samaniego subrayó que la regulación ya está establecida, incluidos los mercados internacionales de emisiones, y que el desafío es lograr acción coordinada entre gobiernos, ciudades, y empresas productoras de energía. “Si queremos pasar a la acción, tenemos que convocar a una combinación de actores, no solo estatales. Se requiere diálogo con quienes influyen en la forma en que producimos y consumimos energía”, afirmó.
El subsecretario reconoció que la tensión entre desarrollo económico y reducción de emisiones es real, pero señaló posibles vías de conciliación. Para México, esto implica una combinación de políticas públicas, instrumentos económicos como el sistema de comercio de emisiones y soluciones basadas en la naturaleza. Entre los objetivos está reducir 35% de emisiones para 2030, con mecanismos de compensación entre sectores.
Alianzas estratégicas y política industrial
Sobre el papel de las alianzas, Samaniego destacó la importancia de integrar sectores público y privado, pero también de explorar nuevas áreas, en particular en comunidades rurales. “Está subestimado el potencial de crecer con generación distribuida en el medio rural. Podríamos imaginar escenarios donde pescadores artesanales tengan cadenas de frío y agreguen valor a su producción con energía renovable”, ejemplificó.
Para lograrlo, el funcionario planteó la necesidad de una política industrial que permita fabricar en México los insumos de la transición, como paneles solares, generadores eólicos y vehículos eléctricos. Actualmente, el gobierno proyecta escenarios de 38% a 45% de generación con renovables, con inversiones en geotermia, biocombustibles y modernización de la infraestructura energética.
Samaniego identificó tres rezagos principales: la descarbonización del transporte, donde la industria automotriz debe avanzar en hibridación y electrificación; la producción de carne, por su impacto en emisiones de metano y deforestación; el aumento de residuos sólidos ligado al crecimiento del ingreso familiar En respuesta, mencionó políticas industriales en movilidad, como la expansión ferroviaria, el desarrollo de vehículos eléctricos y proyectos de economía circular, incluyendo el primer parque de reciclaje de sargazo en México.
El funcionario detalló que México debe reducir aproximadamente 212 millones de toneladas de emisiones en la actual administración, pasando de 862 a 644 millones de toneladas. “Es una tarea muy dura, pero vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance. Esto implica renovar las reglas de colaboración con el sector privado para mantenernos dentro del margen de seguridad climática”, añadió.
Alianzas público-privadas y regulación estable, claves para acelerar la transición energética en Latinoamérica
Durante el panel sobre el papel de las políticas estratégicas y las alianzas público-privadas para la expansión energética en la región, participaron: Javier Rivas Quintana, Ministro Consejero para la Sostenibilidad y la Transición Energética en la Delegación de la Unión Europea en México; Javier Pastorino, Managing Director de Siemens Energy para Latinoamérica Norte; Juan Ignacio Diaz, presidente y CEO de la International Copper Association; Salomon Amkie, Director de Banca de Industrias Especializadas en Citi México
La discusión se centró en cómo las Alianzas Público-Privadas (APP) pueden transformar la generación, distribución y acceso a energía limpia, con especial énfasis en comunidades con rezago y en la modernización de las grandes urbes de la región. Los participantes coincidieron en que las APP son indispensables para dar viabilidad a los planes de transición energética.
“La colaboración público-privada es el motor de la implementación de todo lo que vamos a hacer. Sin eso, los planes van a quedar en papel”, afirmó Javier Pastorino, y detalló la visión tecnológica de Siemens Energy a través de su “radar de descarbonización”, que contempla tres procesos:
- Eficiencia energética, con tecnologías como ciclos combinados de gas natural de alta eficiencia y proyectos de cogeneración
- Penetración de renovables, aprovechando el potencial solar y eólico en países como México
- Descarbonización profunda, con innovación en hidrógeno verde y combustibles sintéticos para sectores difíciles de electrificar como aviación y transporte marítimo
“La buena noticia es que la tecnología está disponible. Si trabajamos con eficiencia energética, implementación de renovables e innovación en combustibles sintéticos, podremos avanzar en la hoja de ruta hacia la sostenibilidad”, dijo Pastorino.
Por su parte, Javier Rivas señaló que la experiencia europea muestra la necesidad de una hoja de ruta integral que contemple acceso universal a comunidades rurales, eficiencia energética en las ciudades y desarrollo de infraestructura para electromovilidad. “La mejor energía es la que no se consume. El tema de eficiencia energética es fundamental y requiere metas claras. En Europa tenemos objetivos a 2030 del 11.5% de ahorro, y aunque vamos rezagados, seguimos trabajando para alcanzarlos”, explicó.
Salomón Amkie recordó por su parte que los proyectos energéticos requieren marcos de inversión de largo plazo que permitan confianza en los retornos. “Infraestructura en general y energía en particular son negocios de muy largo plazo. Las APP representan un acuerdo de colaboración entre privados y públicos que distribuye riesgos y da certeza a los inversionistas”, puntualizó.
Sin embargo, apuntó que el capital está disponible, pero la competencia entre proyectos es cada vez más estricta: “Hay millones de dólares listos para invertirse. Lo importante es que los proyectos sean accionables y tengan estructuras sólidas”. Advirtió que existen factores exógenos como volatilidad macroeconómica, aranceles o incluso decisiones políticas que influyen en la asignación de capital. En este contexto, insistió en que los desarrolladores deben enfocarse en lo que sí pueden controlar: equipos sólidos, estructuras financieras viables y proyectos con demanda real.
Juan Ignacio Díaz subrayó que el cobre dejó de ser visto solo como materia prima y se ha convertido en un actor central de la electrificación global. “Sin cobre no hay energías renovables, no hay electromovilidad ni digitalización. El cobre es 100% reciclable, conductor eléctrico por excelencia y más del 30% del que se usa cada año proviene de fuentes recicladas”, explicó.
El directivo recalcó que la industria del cobre necesita tanto de las energías renovables como éstas del cobre, y que los usuarios finales demandan producción responsable: “Los grandes fabricantes de autos, desde Tesla hasta Toyota, nos exigen cobre con baja huella de carbono y respeto a las comunidades”.
Los panelistas coincidieron en que la regulación es un punto crítico. Juan Ignacio Díaz recordó que Chile y Argentina han logrado atraer inversiones gracias a reglas claras y estabilidad fiscal. “No podemos seguir demorando 20 años en permisos. No pedimos menos requisitos, pedimos seriedad. Hay que acelerar con reglas estables y tiempos razonables”.
México ante el reto energético: inversión privada y tecnología como clave para un sistema confiable
El sistema eléctrico de México enfrenta un rezago acumulado de más de una década en transmisión y distribución, afectando la capacidad de atender la creciente demanda industrial y tecnológica. Luis Lugo, Country Head México CloudHQ, destacó: “Llevamos 12 años prácticamente sin crecimiento de la red. Esto genera un cuello de botella que impacta la descarbonización y la competitividad industrial”.
El experto explicó que la CFE ha tenido limitaciones financieras, y los proyectos que se han asignado presentan retrasos de hasta 6 o 7 años, de los cuales solo un pequeño porcentaje se ejecuta actualmente. Además, mencionó la importancia de la transmisión como columna vertebral del sistema eléctrico, especialmente para industrias de alto consumo como los data centers:
“El consumo energético en un data center puede superar al de varias subestaciones grandes; si no invertimos en infraestructura, no habrá capacidad suficiente para atender la demanda futura”. Los speakers coincidieron en que la planificación es crucial, no solo para el crecimiento industrial, sino para garantizar un suministro estable y evitar apagones, “No existe transición energética si no logramos llevar esos electrones desde donde se generan hasta donde se necesitan.” – Aniela Marval, Vicepresidenta de Grid Technologies Sales Latin America para Siemens Energy.
La experta subrayó la importancia de la digitalización y la automatización de las redes eléctricas como herramientas fundamentales para mejorar eficiencia y confiabilidad: “Entre mayor monitoreo y sensores en la red, mayor optimización podemos hacer, anticipando fallas y mejorando la disponibilidad del sistema”. Explicó que el uso de HVDC para largas distancias permite integrar energías y potencias de diferentes lugares, reduciendo pérdidas y aumentando la estabilidad del suministro.
Además, destacó la incorporación de FACs para regular flujos eléctricos y tecnologías de captura de emisiones como la tecnología Blue, que contribuye a descarbonizar la red. “Solo con digitalización podemos mejorar hasta un 40% el desempeño de los sistemas energéticos, algo fundamental ante la demanda que viene de data centers y nuevas industrias”.
El panel también destacó que la planificación a largo plazo debe considerar factores como seguridad energética, redundancias, tenencia de la tierra y proximidad a los mercados, especialmente en el caso de instalaciones críticas como los data centers, que requieren disponibilidad casi absoluta: “Un data center tiene que tener el menor riesgo posible: seguridad energética, redundancias de suministro y estabilidad en la propiedad de la tierra”, agregó Luis Lugo.
Los expertos coincidieron en que la participación de la inversión privada es esencial para reforzar la red de transmisión y distribución. Empresas están construyendo subestaciones y líneas que luego se integran al sistema nacional, permitiendo atender la creciente demanda industrial y tecnológica.
Casiopea Ramirez Melgar, experta en regulación y mercados eléctricos, señaló, “Aunque los costos son altos, la colaboración público-privada permite reforzar la infraestructura y atender la demanda creciente de parques industriales y data centers”. El panel enfatizó también la importancia de la interconexión regional, que permite exportar excedentes, diversificar la matriz energética y reducir costos.
Se mencionaron ejemplos de éxito en Europa y Centroamérica, donde la coordinación y un “idioma eléctrico común” entre países ha permitido una operación más eficiente: “La coordinación entre empresas, gobiernos y reguladores es indispensable para fortalecer la infraestructura eléctrica del país y atraer inversión”, afirmaron.
Finalmente, los expertos subrayaron la necesidad de reglas claras de remuneración e incentivos para inversiones privadas, para no encarecer el acceso a la red y garantizar que la modernización se realice de manera eficiente: “Si no reconocemos las inversiones privadas en tarifas o costos, solo estamos encareciendo el acceso a la red para los usuarios privados”, concluyó Aniela Marval.
