Por Mauro Juárez, catedrático de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México

La electricidad, un recurso fundamental en la vida moderna, no solo proporciona luz y comodidad, sino que también actúa como un catalizador para el desarrollo social y económico. Para prueba, podemos observar los múltiples efectos ocasionados a la sociedad por los recientes apagones que hemos conocido tanto México como en otras partes del mundo.

Como parte de una investigación que actualmente realizo sobre los impactos de la falta de acceso a electricidad en la población en México, este artículo se enfoca en el segmento residencial en México. He usado datos oficiales para el año 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A partir del análisis de estos datos, queda al descubierto que, aunque el país contaba con una cobertura eléctrica del 99.2% en viviendas particulares habitadas, todavía 269 mil viviendas aún carecían de este servicio esencial en regiones donde las condiciones geográficas y socioeconómicas dificultan la expansión de la infraestructura eléctrica tradicional. Este inventario de viviendas se encontraba mayoritariamente en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Sin embargo y en contraste con el dato nacional, si consideramos el grado de electrificación de viviendas particulares habitadas en los estados del país, mismo que se calcula dividiendo el número de viviendas particulares habitadas que tienen acceso a electricidad por el total de viviendas particulares habitadas en cada estado, la historia comienza a cambiar ya que encontramos que Chihuahua (92.1%), Chiapas (97.2%), Oaxaca (97.7%), Durango (98.1%) y Nayarit (98.2%) tuvieron el menor porcentaje estatal de electrificación residencial, según datos oficiales del INEGI para el 2020.

Y si observamos el mismo indicador pero a nivel municipal, el análisis arroja que hubo más de 140 municipios con electrificación residencial por debajo del 95%. Estos mismos municipios tienen un promedio de 90.53% de electrificación residencial en viviendas particulares habitadas. Y los 5 municipios más rezagados del país, reportan en promedio el 65.7% de electrificación.

Por tal motivo, aunque observamos que a nivel país tuvimos un alto nivel de cobertura, esta cifra ofrece una visualización incompleta del estado que guarda la pobreza energética por falta de acceso a la electricidad en viviendas habitadas del país, al no reflejar las disparidades entre estados y mucho menos, entre municipios.

El acceso a la electricidad no es un lujo, sino un servicio energético que puede transformar vidas. La investigación que actualmente desarrollo muestra que la falta de este recurso en las viviendas se asocia con un rezago educativo significativo de la población, indicando que las comunidades sin electricidad tienen menos oportunidades de acceder a herramientas y recursos educativos modernos. Esto afecta no solo el rendimiento académico, sino también las perspectivas laborales futuras de las personas. Sin electricidad, es difícil imaginar un entorno de aprendizaje adecuado donde los estudiantes puedan prosperar.

Además, la investigación manifiesta que la falta de acceso a electricidad explica, con un nivel alto de significancia, la ausencia de seguridad social y de la falta de empleo. En comunidades donde la electrificación no ha llegado, las oportunidades de empleo formal son limitadas, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.

Esta última observación, proveniente de la investigación que recién concluí para el año 2020, es respaldada por el CONEVAL, que ha subrayado cómo las familias sin acceso a infraestructura básica enfrentan mayores índices de pobreza multidimensional, limitando su capacidad para acceder a servicios básicos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México ha destacado que estas iniciativas no solo buscan proporcionar acceso a energía, sino también impulsar el desarrollo socioeconómico de las comunidades al facilitar el acceso a servicios educativos, sanitarios y tecnológicos. Asimismo, el Banco Mundial ha señalado que la electrificación en zonas rurales tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza, fomentando actividades productivas como la agricultura y el comercio.

Es fácil suponer que frente a esta realidad, el gobierno federal estableció el Programa de Electrificación Nacional para el sexenio 2024-2030, que busca aumentar la cobertura de poblaciones rurales y marginadas al 99% (equivalente a 1,389 municipios del 2020) mediante soluciones innovadoras y sostenibles. Este programa tiene un enfoque especial en conectar 500,000 hogares que actualmente carecen de electricidad, priorizando áreas rurales y remotas, así como regiones con potencial para energías renovables. En el mes de agosto, la Secretaría de Energía afirmó que, después de casi siete años, hoy 184 mil personas adicionales cuentan con acceso a la electricidad en su vivienda. A una tasa de 3.4 habitantes por hogar, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2024, esto representa la buena noticia de que poco más de 54 mil hogares más con electricidad, esperando que todos ellos se encuentren en los municipios con menor acceso a la energía.

La inversión en electrificación tiene el potencial de transformar comunidades enteras, generando un efecto multiplicador en el desarrollo social y económico. Cuando las personas tienen acceso a electricidad, pueden mejorar su calidad de vida, acceder a información y educación, y participar más plenamente en la economía. El desafío principal radica en superar las barreras geográficas, políticas y económicas que han mantenido a estas comunidades en la oscuridad.

La electricidad es más que un recurso; es un motor de cambio social. La falta de acceso a este servicio esencial podría estar perpetuando desigualdades y limita las oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, es fundamental que las políticas de electrificación, como el Programa de Electrificación Nacional, continúen priorizando las regiones con menor acceso y mayor potencial para adoptar energías renovables.

Invertir en electricidad no es solo enfocar recursos en grandes proyectos de infraestructura; es invertir en el futuro de la población de nuestra nación para lograr un México más equitativo y sostenible que nos permita alcanzar la tan ansiada prosperidad compartida con quienes más lo necesitan.