Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos se reunirán este lunes para analizar la reforma constitucional sobre áreas y empresas estratégicas, enviada por la Cámara de Diputados. La iniciativa busca reforzar la soberanía energética del país, garantizando electricidad a bajo costo y sin fines de lucro.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que asignan al Estado la responsabilidad completa en toda la cadena de valor del suministro eléctrico, fortaleciendo la seguridad y autosuficiencia energética. El modelo propuesto establece una participación del Estado del 54% en la industria eléctrica, mientras que el sector privado tendría el 46%, retomando aspectos que habían sido invalidados por la Suprema Corte.

La reforma también reafirma el control exclusivo del Estado sobre el litio, prohibiendo la concesión de este recurso estratégico. Adicionalmente, se incluye la provisión de internet como una función exclusiva del Estado, asegurando la accesibilidad del servicio sin que esto se considere un monopolio.

El proyecto tiene como objetivo recuperar la rectoría estatal en el sector energético, alineando los principios de la Ley de la Industria Eléctrica con la autosuficiencia y seguridad energética. Asimismo, se busca evitar monopolios privados en áreas estratégicas, priorizando a la empresa pública en el desarrollo de proyectos clave relacionados con litio e internet.