Exigen transparencia energética

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Unos 80 invitados y socios del Colegio de Abogados de Nuevo León demandaron que en la legislación secundaria de la reforma energética se tengan los mecanismos correctos para garantizar certeza jurídica en los contratos que se asignen a particulares. El viernes en reunión privada con Javier Treviño Cantú, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, académicos, consultores jurídicos, entre otros, también pidieron impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Publicado por Reforma

Unos 80 invitados y socios del Colegio de Abogados de Nuevo León demandaron que en la legislación secundaria de la reforma energética se tengan los mecanismos correctos para garantizar certeza jurídica en los contratos que se asignen a particulares.

El viernes en reunión privada con Javier Treviño Cantú, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, académicos, consultores jurídicos, entre otros, también pidieron impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Treviño Cantú señaló que, precisamente la reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar acciones contrarias a la ley en el otorgamiento de contratos petroleros.

“Obviamente el tema en el que todos estamos preocupados es el de cómo vamos a combatir la corrupción y a garantizar la transparencia (de los contratos).

“Las rondas de licitación y sus lineamientos van a ser públicos. Se contarán con cláusulas de transparencia y se divulgarán los pagos asociados a los contratos, además de contar con auditorías externas”, precisó el priista.

El Fondo Mexicano del Petróleo, explicó el legislador, será un fideicomiso público administrado por el Banco de México y tendrá un comité técnico presidido por el secretario de Hacienda, junto con el gobernador del banco central y el secretario de energía.

Cuatro miembros más serán independientes, propuestos por el presidente y ratificados por dos terceras partes del Senado.

Aunque voces se alzaron contra la manera en la que se establecerán dichos consejeros porque al ser directamente candidateados por el Ejecutivo, se corre el riesgo de politizar la elección de dichos consejeros.

“Debe haber gente especializada en la toma de decisiones, que le sepa a la cuestión técnica”, subrayó uno de los asistentes.

Otra de las interrogantes fue cuál será la definición legal de una “empresa productiva del estado”, ya que no existen muchas diferencias entre este concepto y el anterior que tenía a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como paraestatales.

A pesar de las críticas y observaciones, consideraron que los cambios constitucionales son un paso positivo hacia el desestancamiento que reporta el sector energético.

La legislación actual debe mejorar el déficit creciente que existe en la petroquímica nacional de alrededor de 18 mil millones de dólares anuales, así como una tasa media de crecimiento anual mayor al 15 por ciento en cuanto a la importación de gas natural.

Sobre todo, agregó Treviño Cantú, una baja en la producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo que se ha observado en los últimos años y la importación de alrededor de la mitad de gasolina consumida en el País.