Los retos de la reforma energética: ventana de oportunidades

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Exceso de candados, uno de los enemigos

 

Por Global Energy

Ante el riesgo de que los legisladores nos receten de nueva cuenta el incumplimiento de los plazos para aprobar las leyes secundarias en materia energética, tal y como ocurrió con la reforma en telecomunicaciones, diversos sectores de la sociedad, incluso a nivel internacional, se han encargado de recordar cotidianamente las consecuencias y ventajas de contar o no con dichos ordenamientos legales.

Mención aparte merecen los amagos de los llamados partidos de izquierda, que como parte de su cotidianidad se han dado a la tarea de alimentar la polarización entre la clase gobernante y de representación popular, con un sector de la población. 

Sin embargo, sus advertencias para revertir los efectos de la reforma energética no han surtido los efectos que ellos esperarían. Los ojos del mundo siguen posados sobre México y de forma constante son más los inversionistas que levantan la mano para manifestar su pretensión de traer su capital.

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), en alianza con el del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), han intentado por todos los medios, y a través de sus distintos líderes –entre los que presumen radicales y moderados-, acreditar la inconstitucionalidad de la reforma.

Simulación o no, puesto que la moneda de cambio para dejar pasar la reforma fue la aprobación de la Ley de Consulta Popular, en la que “casualmente” se obvió incluir a las reformas constitucionales para limitar su alcance a las leyes secundarias, los perredistas, petistas y del MC continúan la promoción de su campaña de desprestigio.

En su momento, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el panista Fernando Rodríguez Doval, señaló que los perredistas o fueron “chamaqueados”, o bien, fue la única salida que encontraron ante la inminente aprobación de la reforma: cedieron “en su afán de parecer los grandes negociadores en un tema que les permite manipular a sus simpatizantes”. 

Inclusive, acusó que “los perredistas desinforman a la ciudadanía cuando dicen que llevarán a consulta la revocación de la Reforma Energética, pues lo aprobado sólo considera reformas legales, no Constitucionales”.

Ciertamente, los panistas también cuidan sus intereses y capital político. De cara a la discusión de la reforma energética, también condicionaron su participación en la aprobación de la misma a cambio de aprobar la reforma política.

Y dicho condicionamiento revivió de cara a la propuesta, discusión y aprobación de las leyes secundarias: primero deberá promulgarse la reforma política y posteriormente los ordenamientos legales de la energética. De lo contrario, dicen, se bajarán del tema.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Senadores, Jorge Luis Preciado, fue el encargado de colocar el freno a los legisladores priístas y al gobierno federal: “No estaríamos en condiciones de ir a ninguna secundaria en la energética si antes no se nos da la garantía de que esté aprobada en todos los estados, o por lo menos en 16” Congresos locales, a propósito de la lentitud con la que ha transitado por las entidades para su promulgación. 

Esta medida cobra vital relevancia cuando hay leyes secundarias, como en materia de telecomunicaciones, en las que ningún grupo parlamentario se preocupó para que salieran adelante. De esta forma, es fácil reconocer la paternidad de cada una de ellas y la “orfandad” en la que se quedan otros temas a los que, muy probablemente, pocos todavía entienden, como es el de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s).

No está de más mencionar que a prácticamente un mes de aprobada esta importante reforma, el discurso de “las izquierdas” comienza a traducirse como trillado. 

Se encuentran bajo la estrategia de seguir llamando a “la unidad de las izquierdas para defender el petróleo”, sin que represente un contrapeso auténtico contra la campaña de difusión e información que encabezan el gobierno federal junto con los partidos que la votaron de forma positiva, esto a nivel nacional y también de forma muy específica en los estados, mayoritariamente gobernados por el PRI.

La segunda de dos etapas

A partir del 1 de febrero, fecha de inicio del tercer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, los diputados y senadores comenzarán a trabajar en los 23 ordenamientos legales para hacer operativa la Reforma Energética.

Al igual que como ocurrió con la de telecomunicaciones, el Ejecutivo federal se responsabilizó de enviar la propuesta correspondiente a la energética, para que los legisladores la tomen como base.

“A la brevedad, presentaré las Iniciativas de reforma a las leyes secundarias, que invariablemente mantendrán el espíritu audaz y de vanguardia de la reforma energética. Es una de las reformas más trascendentes de las últimas cinco décadas”, refirió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de la promulgación.

Este discurso, dicho sea de paso, ha sido reproducido en cada evento público en el que el jefe del Ejecutivo tiene oportunidad de destacarlo.

Las leyes secundarias deberán cumplir con las expectativas de marcar límites y reglas claras en todos los contratos que habrán de asignarse. El gran reto en este punto es, quizá, evitar las prácticas que han marcado a México: el compadrazgo y el amiguismo. En general, poner un candado real y efectivo en los hechos a los contratos otorgados a conveniencia de quienes tienen influencia en su asignación.

Entre las leyes secundarias más sensibles por sus implicaciones y reglas de ejecución, destaca la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo; la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos, y modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública en el apartado de la Secretaría de Energía.

Asimismo, habrán de asentarse las reglas de operación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente; de la Comisión de Control de Gas Natural y del Centro Nacional de Control de Energía.

No obstante, existe una gran responsabilidad para hacer funcionar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de reciente creación, mismo que manejará la renta petrolera.

También es urgente crear los ordenamientos para no entorpecer el trabajo de las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía, y en el Consejo de Administración de Pemex.

De esta forma, no queda duda en que las leyes secundarias son fundamentales para que Pemex y CFE se transformen en empresas productivas propiedad del Estado, pero la tarea del gobierno federal no ha terminado.

Desde el día de la promulgación, comenzó a correr dos plazos paralelos al de las leyes secundarias. El Ejecutivo federal tiene la responsabilidad de emitir en menos de 365 días los decretos para crear los Centros Nacionales de Control de Gas Natural y de Control de Energía, así como para adicionar al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.

A partir de la misma fecha, Petróleos Mexicanos tiene tres meses (marzo de 2014), para adjudicar las áreas en exploración y los campos en producción. Acto seguido, la Secretaría de Economía deberá emitir dentro de los siguientes 270 días la resolución de la solicitud con características muy específicas.

Después de este plazo, Pemex y CFE tendrán 730 días para ser dos empresas completamente diferentes: empresas productivas del Estado.

No obstante los discursos de que al corto y mediano plazo comenzarán a apreciarse las ventajas de la reforma energética, los primeros contratos, y por ende las inversiones millonarias, comenzarán a llegar en 2016.

Respetarán plazos

En lo que toca a la Cámara de Diputados, existe el compromiso del Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Anaya Cortés, de respetar el plazo para la aprobación de las reformas secundarias.

De forma textual, dijo que “existe un plazo legal de 120 días naturales, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, para elaborar la legislación secundaria de la Reforma Energética. Este plazo vence el próximo 19 de abril, y los diputados habremos de respetarlo”.

En tanto, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha sido claro al señalar que esta segunda etapa de la transformación energética de México se llevará a cabo con éxito.

Por su parte, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha hecho también su parte al garantizar a los mexicanos –tanto a aquellos que han sido provocados por la oposición y aquellos otros que se mantienen escépticos y pendientes de los verdaderos efectos de la reforma energética-, que México mantiene la propiedad total de los hidrocarburos.

La producción histórica de petróleo en México, según un recuento de este funcionario federal, es de 55,000 millones de barriles, pero estimaciones de la paraestatal señalan que aún se tienen 45,000 millones de barriles en reservas totales, así como otros 114,000 millones en recursos prospectivos.

En este sentido, ha expresado su confianza de que el potencial de México será aprovechado al máximo, a propósito de la reforma y de los recursos que podrán captarse gracias a ella, que triplicarían el presupuesto que anualmente se destina a Pemex. El monto mínimo por año para este fin debe ser de USD $62,000 millones.

“México cuenta con las condiciones ideales para que la industria petrolera crezca aceleradamente y sea detonante del crecimiento económico”, es la frase que en redes sociales da respuesta a los cuestionamientos del público en general.

Por otra parte, de acuerdo con el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera, en el corto plazo se revertirán los rezagos que tiene el sector energético –no únicamente Pemex- y en lo que toca a la paraestatal, dijo, recuperará su capacidad para invertir, generar empleo y crecimiento en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población.

De cara al inicio de la presentación, discusión y aprobación de las leyes secundarias, el diputado priísta calificó como clave el diálogo que el gobierno y su partido orientaron en la construcción de los consensos, para que México cuente con un nuevo “Modelo Mexicano de Producción Energética”.

Aclaró que se cuidará que las leyes secundarias sean claras y abonen a la necesaria certeza jurídica y la transparencia obligada, considerando las opciones que más convengan al interés público para atraer las inversiones que se requieren, cuantiosas en la mayoría de los casos.

Demasiados candados, contraproducente

Así como es necesario cuidar que las reglas queden bien claras en las leyes secundarias de la reforma energética, para evitar discrecionalidad y posibles malos manejos, el exceso de candados también puede ser contraproducente.

La regulación excesiva podría terminar por inhibir las inversiones. Burocratizar los procesos en forma desmedida, o bien, una tramitología prácticamente imposible de cumplir, terminaría por ahuyentar a quienes están dispuestos a depositar sus recursos en nuestro país en el sector energético.

Si bien debe evitarse cualquier laguna legislativa para evitar que se vuelvan realidad todos los temores que se externaron sobre la iniciativa privada, así como cuidar con lupa todos los movimientos sobre explotación y asignación de recursos millonarios, debe guardarse un justo equilibrio. Los pesos y contrapesos serán los que hagan realidad una política ideal.

Lo anterior será, sin duda, un reto difícil de cumplir, pues los legisladores también nadarán a contracorriente cuando traten de equilibrar la rectoría del sistema eléctrico nacional, que recae en un órgano que no es autónomo, la Secretaría de Energía, que depende completamente del Estado.

En todas las empresas, ya sean públicas o privadas, el exceso de regulación es sinónimo de menos competitividad. La aplicación de cada ley cuesta dinero. Por ello, habrá que seguir de cerca que los legisladores se basen también en estudios de impacto económico para desarrollar las leyes secundarias y no incurran en excesos que impacten directamente contra las expectativas con las que se hizo la reingeniería en materia energética.

Acceso a Pymes

Tampoco debe perderse de vista que las pequeñas y medianas empresas también han levantado la mano para poder participar en los diferentes concursos para invertir. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de su presidente, Juan Pablo Castañón, ha hecho públicas las inquietudes de sus integrantes para que la generación y distribución de la riqueza alcance a las Pymes.

Si estas empresas pueden acceder de forma directa a contratos con Pemex y con las empresas que emprendan proyectos, ya sean extranjeras o nacionales, habrá más y mejores oportunidades para las familias mexicanas.

“Es un avance y estaremos atentos a las leyes secundarias para que se fortalezca esta participación en el apartado de contenido nacional, a través de los contratos de colaboración público y privada”, puntualizó.