La Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) anunció el avance hacia la segunda fase del Registro Nacional de Gasolineras y Gaseras (Renagas), un programa diseñado para ordenar y regularizar el sector energético mediante un procedimiento sumario y voluntario.
De acuerdo con el titular de la agencia, Armando Ocampo Zambrano, esta etapa permitirá que las instalaciones que operan sin autorización ambiental o con niveles de cumplimiento irregulares puedan incorporarse de forma progresiva a un esquema de regularización. “Es un programa en el cual pretendemos ordenar y regularizar el sector precisado”, afirmó.
La primera fase del Renagas consistió en un diagnóstico nacional que identificó puntos críticos de incumplimiento en gasolineras y gaseras. Con base en esos hallazgos, la ASEA diseñó un mecanismo de autogestión que reconoce la diversidad operativa del sector y busca facilitar el cumplimiento normativo sin recurrir a sanciones inmediatas.
El programa contempla la atención de aproximadamente 12,000 instalaciones en todo el país, lo que representa una carga técnica y administrativa considerable. Por ello, la implementación será escalonada y progresiva, con énfasis en la buena fe de los regulados y la colaboración directa con la autoridad.
Entre los objetivos del Renagas destacan la reducción de la informalidad, el combate al contrabando de hidrocarburos y el fortalecimiento de la legalidad ambiental en el sector. La ASEA espera que el acuerdo oficial que formaliza esta segunda fase se publique en octubre, marcando el inicio operativo del proceso.
La agencia subrayó que el enfoque del programa busca garantizar la regularidad del servicio, mejorar la trazabilidad ambiental y consolidar un modelo de supervisión más eficiente para las instalaciones dedicadas al expendio de gasolina y gas LP.
1. La visión global del WEF: colaboración para la resiliencia
El Foro Económico Mundial (WEF) sostiene que la ciberresiliencia energética no puede concebirse de manera aislada. La interdependencia entre energía y tecnología digital demanda cooperación multisectorial para garantizar la continuidad del suministro frente a amenazas físicas y cibernéticas. Esta visión cobra mayor relevancia en un momento en que el consumo global de energía crece a un ritmo acelerado, impulsado en gran medida por el auge de la digitalización y la inteligencia artificial.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector de los centros de datos, las criptomonedas y la inteligencia artificial podría alcanzar un consumo de más de 1,000 TWh anuales en 2026, lo que equivale aproximadamente al consumo eléctrico de Japón, la tercera economía más grande del mundo. Este incremento refleja un salto de más del 150% respecto al nivel de 2022, y la tendencia sigue en ascenso.
Dentro de este panorama, los centros de datos de Inteligencia Artificial a escala gigawatt (Gigawatt AI) son uno de los principales motores del crecimiento. Cada instalación de este tipo puede requerir entre 1 y 5 GW de potencia continua, cifras comparables a la capacidad de generación de varias plantas termoeléctricas o al consumo residencial de millones de hogares. En Wyoming, Estados Unidos, un data center dedicado a la inteligencia artificial tiene proyectada una demanda inicial de 1.8 GW, con posibilidad de aumentar hasta 10 GW, lo que da una idea de la magnitud de estos desarrollos.
El impacto se presenta en dos aspectos:
Presión sobre la red eléctrica: estas cargas concentradas y variables pueden afectar la estabilidad de las redes eléctricas si no se gestionan bajo criterios de resiliencia.
Ampliación de la superficie crítica: los data centers Gigawatt AI tienen un alto consumo energético y son nodos importantes que requieren protección cibernética para mantener la seguridad energética global.
En este contexto, la propuesta del WEF de promover una gobernanza compartida, mayor visibilidad y resiliencia distribuida es relevante. El crecimiento de la demanda energética global, impulsado por Gigawatt AI, no es solo un desafío técnico, sino un reto estratégico para la ciberresiliencia de las naciones.
2. La irrupción de Gigawatt AI: un desafío emergente a escala energética y cibernética
La aceleración del consumo global de electricidad tiene un protagonista claro: los centros de datos de inteligencia artificial a escala Gigawatt AI. A diferencia de los data centers tradicionales, diseñados para operar en el rango de decenas o cientos de megawatts (MW), los dedicados a AI en escala Gigawatt AI requieren entre 1 y 5 GW de potencia continua, equivalentes a la capacidad de generación de varias plantas termoeléctricas combinadas o al consumo de una ciudad mediana.
Este salto de escala está transformando los modelos de planeación energética y de seguridad:
Demanda inestable y crítica: las cargas de entrenamiento de modelos de IA no son lineales; generan picos y oscilaciones rápidas que pueden estresar redes eléctricas nacionales y aumentar el riesgo de apagones. Según un estudio reciente de Energy Reporters, la variabilidad de estos picos es comparable al impacto de tormentas eléctricas sobre el sistema eléctrico.
Concentración de infraestructura estratégica: los centros de datos de Gigawatt AI concentran tanto activos energéticos como activos digitales de misión crítica, convirtiéndose en objetivos de alto valor para ciberataques con motivaciones geopolíticas o criminales.
Competencia por recursos energéticos: en regiones con capacidad de generación limitada, los proyectos de Gigawatt AI podrían desplazar el suministro hacia usos digitales, en detrimento de la industria o el consumo residencial, lo que incrementa la presión social y regulatoria.
Este fenómeno convierte a los centros de datos de Gigawatt AI en un punto de convergencia entre energía y ciberseguridad. Ya no basta con proteger redes OT o IT de forma aislada: los países deben anticipar cómo estos gigantes tecnológicos pueden cambiar la estabilidad del sistema eléctrico, y cómo una vulnerabilidad cibernética en un centro de datos puede escalar hasta convertirse en una crisis energética nacional.
De ahí que la visión del WEF cobre sentido: el crecimiento de la infraestructura Gigawatt AI no es solo un reto tecnológico, sino un factor que redefine la resiliencia energética y cibernética a nivel global.
3. De la estrategia global a la acción local: América Latina frente a Gigawatt AI
La visión del WEF sobre colaboración y resiliencia adquiere una dimensión crítica en América Latina, una región con infraestructura energética heterogénea, sistemas de transmisión eléctrica frágiles y marcos regulatorios aún en consolidación.
Mientras Estados Unidos y Europa ya planean centros de datos Gigawatt AI de entre 1 y 10 GW, la región latinoamericana comienza a posicionarse como destino estratégico para la instalación de data centers de IA por sus costos energéticos competitivos, disponibilidad de gas natural y potencial de generación renovable. No obstante, esta oportunidad también puede transformarse en vulnerabilidad si no se anticipan los riesgos asociados.
Riesgos locales específicos con enfoque en ciberresiliencia
Fragilidad de las redes eléctricas y resiliencia digital insuficiente: En muchos países latinoamericanos, la infraestructura de transmisión carece de redundancia y flexibilidad para absorber cargas críticas. La introducción de centros de datos de IA con demandas de gigawatts puede no solo generar tensiones en el sistema eléctrico, sino también crear nuevas dependencias digitales vulnerables a ciberataques. Un ataque coordinado contra sistemas de control o SCADA, sistemas de administración energética o plataformas de despacho eléctrico podría amplificar los efectos de un desbalance de carga hasta desencadenar apagones regionales. La resiliencia no debe limitarse al plano físico, sino incorporar controles de ciberseguridad OT que detecten anomalías en tiempo real y permitan actuar antes de que la inestabilidad escale.
Dependencia de fuentes fósiles y renovables intermitentes con riesgos cibernéticos asociados: El uso combinado de gas natural, hidroeléctricas y energías renovables intermitentes implica que los sistemas de distribución eléctrica latinoamericanos dependen cada vez más de sistemas digitales avanzados para equilibrar la oferta y la demanda. Sin embargo, estos sistemas son vulnerables a manipulación cibernética. Un ataque que altere la lógica de despacho o introduzca datos falsos podría forzar cortes, racionamientos y fallas en cascada. La resiliencia tecnológica requiere no solo diversificar fuentes energéticas, sino también blindar digitalmente los mecanismos de control que las gestionan.
Exposición a ciberataques estatales, criminales y hacktivistas: La región ya ha sido blanco de ataques contra oleoductos, refinerías y utilities eléctricas. La llegada de infraestructuras Gigawatt AI aumenta el atractivo de la región para actores maliciosos: un ataque que inhabilite un centro de datos de este tipo no solo compromete servicios digitales globales, sino que también puede impactar directamente la estabilidad energética de países enteros. La resiliencia cibernética en este escenario exige adoptar modelos de Zero Trust OT, segmentación estricta de redes y monitoreo continuo con inteligencia de amenazas enfocada en ICS.
Agenda prioritaria para la región con énfasis en resiliencia tecnológica
Evaluaciones integradas de riesgo energético y cibernético: No basta con modelar el impacto físico de un data center Gigawatt AI en el sistema eléctrico de transmisión. Los análisis deben incluir escenarios de ciberataques coordinados, fallos de software y manipulación de datos que afecten la estabilidad eléctrica. Esto debe quedar reflejado en los planes de continuidad de negocio y recuperación ante incidentes (BCP/DRP) de la iniciativa privada y gobiernos. Consultoras y equipos especializados en ciberseguridad industrial, como los que ya trabajan con marcos IEC 62443, pueden aportar metodologías probadas para este tipo de evaluaciones.
Regulación avanzada con foco en ciberresiliencia: La adopción de marcos como IEC 62443, NERC CIP e ISO 27001 debe ampliarse con guías regionales que obliguen a: a. Requerir pruebas de ciberresiliencia en la planeación de centros de datos Gigawatt AI. b. Garantizar que las cargas digitales críticas cuenten con protecciones activas contra manipulación OT/IT. c. Establecer protocolos de intercambio de información de amenazas entre operadores energéticos y tecnológicos. Firmas con experiencia en el diseño de arquitecturas seguras para entornos OT/IT, como ROUE, pueden apoyar en la traducción de estas regulaciones a implementaciones técnicas viables.
Alianzas público–privadas para cibercrisis energéticas: Los simulacros no deben enfocarse únicamente en fallas físicas, sino también en cibercrisis complejas como ataques de ransomware simultáneos en data centers y utilities. Este tipo de ejercicios permitirá validar la capacidad de respuesta conjunta y definir roles claros entre empresas, gobiernos y fuerzas de seguridad. Actores con experiencia en ejercicios de crisis y planes de resiliencia operativa, como los desarrollados en Latinoamérica, pueden facilitar la coordinación entre sectores.
Capacitación de talento para Security Operation Centers energéticos de nueva generación: América Latina debe acelerar la formación de especialistas capaces de operar Security Operation Centers OT/ICS híbridos, con visibilidad tanto en sistemas industriales como en infraestructuras digitales masivas (Gigawatt AI). La resiliencia tecnológica depende de equipos que integren detección, respuesta y orquestación ante incidentes de alto impacto. En este ámbito, iniciativas de capacitación industrial impulsadas por empresas como ROUE ya están contribuyendo a cerrar la brecha de talento en ciberseguridad OT.
América Latina no puede limitarse a reforzar la infraestructura física de transmisión; debe elevar simultáneamente su resiliencia tecnológica y cibernética. Los centros de cómputo Gigawatt AI representan un nuevo vector de riesgo, pero también una oportunidad para modernizar regulaciones, fortalecer alianzas y desarrollar talento especializado. La experiencia acumulada por actores regionales en proyectos de ciberseguridad OT, simulacros de crisis y formación de talento puede ser clave para que la región transforme este reto en un motor de resiliencia operativa y competitividad regional.
4. Conclusión: resiliencia energética en la era digital
La visión global del World Economic Forum establece la ruta: la resiliencia energética y la ciberseguridad deben construirse en conjunto, con cooperación más allá de fronteras y sectores. El fenómeno de Inteligencia Artificial amplifica esta urgencia al añadir una nueva presión sobre los sistemas eléctricos nacionales o regionales y la infraestructura crítica.
El reto para América Latina es transformar esa visión en acción: anticipar los riesgos, regular con inteligencia y fomentar alianzas que garanticen que la revolución digital —y la IA que la impulsa— no se conviertan en un factor de vulnerabilidad, sino en un catalizador para una infraestructura más segura, confiable y resiliente.
Petróleos Mexicanos (Pemex) contará en 2026 con un presupuesto total de 780,862 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que representa una de las asignaciones más altas para la empresa estatal en los últimos años. De ese monto, 517,362 millones de pesos corresponden a recursos directos, con un incremento real de 7.7% respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Además, el gobierno federal contempla una transferencia adicional de 263.5 mil millones de pesos para el pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores. Este apoyo está condicionado a que Pemex mejore su balance financiero en la misma proporción, con el fin de evitar impactos en el déficit del Sector Público, ya que las amortizaciones se registran como reducción de pasivos.
El objetivo es que el saldo de la deuda pública de Pemex al cierre de 2026 sea menor al observado en 2025, lo que implicaría un desendeudamiento neto. Para ello, se prevé una estrategia integral de fortalecimiento financiero, que incluye la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos con proveedores y la disminución del costo financiero.
En materia fiscal, el régimen vigente para Pemex se mantendrá durante 2026, como parte de las medidas para apoyar sus actividades productivas y fortalecer su situación financiera. Estas acciones están alineadas con el Plan Estratégico 2025–2035, cuyo objetivo es ampliar la producción de hidrocarburos, garantizar el suministro de gasolinas y diésel, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una autonomía presupuestaria.
La producción petrolera nacional continuará ajustándose al objetivo de 1.8 millones de barriles diarios, respaldada por más de 20 proyectos de exploración y producción, entre ellos los yacimientos Zama y Trion, así como la modernización del sistema de refinación, la reactivación de la cadena petroquímica y la integración de tecnologías limpias, como cogeneración e hidrógeno verde.
Según el gobierno, esta estrategia ha contribuido a reducir la percepción de riesgo soberano, al evitar un mayor endeudamiento público y avanzar hacia un modelo operativo más sostenible y menos dependiente del gasto fiscal.
Un segundo buque cargado con gas natural licuado (GNL) proveniente del proyecto ruso Arctic LNG 2, actualmente sujeto a sanciones impuestas por Estados Unidos, arribó a China, consolidando el vínculo energético entre ambas naciones en medio de un entorno geopolítico tenso.
La operación se produce tras el reciente encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, en el que se reafirmó la intención de fortalecer los lazos comerciales y energéticos. La llegada del cargamento confirma la disposición de China a expandir sus importaciones energéticas desde Rusia, en contraste con la postura de países que han restringido sus vínculos con proyectos sancionados.
El proyecto Arctic LNG 2, desarrollado por Novatek, ha enfrentado obstáculos derivados de las sanciones occidentales, que han limitado el acceso a financiamiento internacional, tecnología especializada y socios logísticos. A pesar de ello, Rusia ha mantenido sus exportaciones hacia Asia, con China como destino prioritario.
La recepción de este segundo embarque refuerza la estrategia de Beijing para diversificar sus fuentes de suministro energético, en un contexto donde la seguridad energética es clave. China se mantiene como el principal importador mundial de GNL, y su interés en proyectos rusos responde tanto a criterios técnicos como a señales de respaldo político.
Se prevé que más embarcaciones con GNL ruso continúen llegando a puertos chinos, aunque las condiciones climáticas en la Ruta Marítima del Norte podrían afectar los tiempos de entrega. La operación también podría modificar los flujos tradicionales del mercado spot, al incorporar volúmenes con precios ajustados provenientes de proyectos bajo sanción.
Este movimiento consolida a Rusia como un proveedor estratégico de gas natural licuado para China, en un escenario marcado por la competencia global por el abastecimiento energético y la reconfiguración de alianzas comerciales.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla una reducción en su presupuesto de inversión para generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en 2026, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado por la Secretaría de Hacienda ante la Cámara de Diputados.
La propuesta establece una asignación de 554,567 millones de pesos para la empresa eléctrica, lo que representa una disminución de 1.8% en términos reales respecto al monto aprobado para 2025. A pesar del ajuste, la CFE concentrará 51.7% del gasto programable destinado a empresas productivas del Estado, superando a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el desglose por áreas, se prevén 20,704.9 millones de pesos para generación, una baja de 10.86%; 10,307 millones para transmisión, y 9,446.7 millones para distribución, ambas con reducciones marginales de 0.29%. No obstante, se contempla una inversión adicional de 48 mil millones de pesos para obras complementarias de proyectos Pidiregas, incluyendo infraestructura eléctrica, adquisición de equipo y mantenimiento.
La CFE destinará 26.24 millones de pesos al mantenimiento de sus centrales generadoras, entre ellas la Central Nuclear de Laguna Verde, unidades móviles de emergencia y proyectos geotermoeléctricos. “Lo anterior permitirá mantener las centrales en condiciones operativas adecuadas y cumplir con los requerimientos de energía y potencia del Mercado Eléctrico Mayorista”, señala el documento oficial.
En el rubro de distribución, se asignarán 9,896 millones de pesos para proyectos instruidos por la Secretaría de Energía (Sener), incluyendo mantenimiento de redes, subestaciones, reducción de pérdidas técnicas, adquisición de medidores, equipo de cómputo y vehículos especializados. Estas acciones se alinean con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que busca ampliar la cobertura eléctrica e incorporar energías renovables.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo del Plan es que la CFE alcance una participación del 54% en la generación nacional para 2030, mediante la construcción de nuevas plantas, ampliación de redes y atención a comunidades marginadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la política de “cero impunidad” en el caso del contrabando de combustible, tras el arresto de catorce personas, entre ellas funcionarios y militares, vinculados al decomiso de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas.
Las detenciones se derivan de una investigación sobre un buque en el puerto de Tampico, señalado por transportar sustancias no clasificadas como combustible. El esquema permitía evadir impuestos mediante permisos temporales, simulando que el producto sería procesado y exportado.
Sheinbaum explicó que esta operación se conoce como “huachicol fiscal”, ya que el combustible ingresaba al país sin pagar impuestos. Posteriormente, era vendido a gasolineras y proveedores privados, generando altos márgenes de ganancia para los involucrados.
Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La presidenta aclaró que el caso no se ha retrasado por vínculos personales, y recordó que Ojeda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República hace dos años.
En julio, autoridades realizaron otro operativo en Tamaulipas, donde se decomisaron 1.8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble relacionado con la red. Estos esfuerzos forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible.
El gobierno estima que el delito de huachicol ha provocado pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024. Sheinbaum aseguró que las investigaciones seguirán “hasta donde tope”, sin importar si hay funcionarios públicos o empresarios implicados.
ATIO Group se convirtió en la primera empresa del sector de combustibles en obtener la certificación Cuatro Estrellas como Customer Business Led Service Desk, reconocimiento otorgado por el Service Desk Institute (SDI) por la calidad de sus procesos enfocados en la atención al cliente. La distinción fue entregada durante el SDI25MX, celebrado en la Ciudad de México, considerado uno de los eventos más influyentes en transformación digital y Service Desk en Latinoamérica.
El reconocimiento fue otorgado por Mauricio Corona, presidente del consejo de BP Gurús México y consejero del SDI, organismo con sede en el Reino Unido que desde 1988 establece estándares internacionales de excelencia operativa mediante el modelo EFQM. La certificación Cuatro Estrellas representa el cumplimiento de criterios avanzados en eficiencia, alineación estratégica y experiencia del usuario.
Desde 2022, ATIO Group había obtenido certificaciones de dos y tres estrellas, hasta consolidar en 2025 los procesos que le permitieron alcanzar la categoría más alta. La presea fue recibida por Pablo Titievsky, gerente general de Servicio a Clientes, y Alfonso Méndez, gerente general de Hardware.
“Somos la única empresa del sector de combustibles con esta certificación, lo que nos permite mejorar nuestra cercanía con los clientes y detectar oportunidades para hacer más rentables sus operaciones”, señaló Titievsky. Méndez agregó que el reconocimiento “nos lleva a enfocarnos cada vez más en el éxito del negocio de nuestros clientes”.
La certificación posiciona a ATIO Group dentro de un grupo selecto de organizaciones que han logrado integrar sus procesos de soporte técnico y atención comercial bajo estándares internacionales, en un contexto donde la experiencia del cliente, la automatización de servicios y la eficiencia operativa son clave para la competitividad en sectores críticos como el energético.
En el foro Energy Talks 2025 México, Centroamérica y El Caribe, Ruta hacia la descarbonización, organizado por Siemens Energy, voces del sector público y privado coincidieron en que la región posee una riqueza natural invaluable y un enorme potencial en energías renovables, pero enfrenta desafíos estructurales que requieren acción inmediata.
La discusión giró en torno a una pregunta central: ¿cómo puede Latinoamérica convertirse en protagonista de la transición energética global? Con la mirada puesta en la próxima COP-30 en Brasil, especialistas y funcionarios destacaron que la etapa de regulación ya está superada y que ahora el reto es pasar a la acción, mediante políticas industriales, alianzas estratégicas y marcos regulatorios estables que generen confianza e impulsen inversión de largo plazo.
José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNART, expuso los retos y oportunidades de México y la región frente a la COP-30 en Brasil. Destacó la necesidad de pasar de la regulación a la acción, fortalecer políticas industriales y consolidar alianzas estratégicas que permitan una transición energética efectiva.
El subsecretario explicó que tras tres décadas de conferencias internacionales, la COP-30 representa un punto de inflexión. “Durante la mayor parte del tiempo hemos tenido un proceso regulatorio muy intenso para asignar compromisos diferenciados y coordinar la acción. Ahora la Convención se concentrará en monitorear avances”, señaló.
Samaniego subrayó que la regulación ya está establecida, incluidos los mercados internacionales de emisiones, y que el desafío es lograr acción coordinada entre gobiernos, ciudades, y empresas productoras de energía. “Si queremos pasar a la acción, tenemos que convocar a una combinación de actores, no solo estatales. Se requiere diálogo con quienes influyen en la forma en que producimos y consumimos energía”, afirmó.
El subsecretario reconoció que la tensión entre desarrollo económico y reducción de emisiones es real, pero señaló posibles vías de conciliación. Para México, esto implica una combinación de políticas públicas, instrumentos económicos como el sistema de comercio de emisiones y soluciones basadas en la naturaleza. Entre los objetivos está reducir 35% de emisiones para 2030, con mecanismos de compensación entre sectores.
Alianzas estratégicas y política industrial
Sobre el papel de las alianzas, Samaniego destacó la importancia de integrar sectores público y privado, pero también de explorar nuevas áreas, en particular en comunidades rurales. “Está subestimado el potencial de crecer con generación distribuida en el medio rural. Podríamos imaginar escenarios donde pescadores artesanales tengan cadenas de frío y agreguen valor a su producción con energía renovable”, ejemplificó.
Para lograrlo, el funcionario planteó la necesidad de una política industrial que permita fabricar en México los insumos de la transición, como paneles solares, generadores eólicos y vehículos eléctricos. Actualmente, el gobierno proyecta escenarios de 38% a 45% de generación con renovables, con inversiones en geotermia, biocombustibles y modernización de la infraestructura energética.
Samaniego identificó tres rezagos principales: la descarbonización del transporte, donde la industria automotriz debe avanzar en hibridación y electrificación; la producción de carne, por su impacto en emisiones de metano y deforestación; el aumento de residuos sólidos ligado al crecimiento del ingreso familiar En respuesta, mencionó políticas industriales en movilidad, como la expansión ferroviaria, el desarrollo de vehículos eléctricos y proyectos de economía circular, incluyendo el primer parque de reciclaje de sargazo en México.
El funcionario detalló que México debe reducir aproximadamente 212 millones de toneladas de emisiones en la actual administración, pasando de 862 a 644 millones de toneladas. “Es una tarea muy dura, pero vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance. Esto implica renovar las reglas de colaboración con el sector privado para mantenernos dentro del margen de seguridad climática”, añadió.
Alianzas público-privadas y regulación estable, claves para acelerar la transición energética en Latinoamérica
Durante el panel sobre el papel de las políticas estratégicas y las alianzas público-privadas para la expansión energética en la región, participaron: Javier Rivas Quintana, Ministro Consejero para la Sostenibilidad y la Transición Energética en la Delegación de la Unión Europea en México; Javier Pastorino, Managing Director de Siemens Energy para Latinoamérica Norte; Juan Ignacio Diaz, presidente y CEO de la International Copper Association; Salomon Amkie, Director de Banca de Industrias Especializadas en Citi México
La discusión se centró en cómo las Alianzas Público-Privadas (APP) pueden transformar la generación, distribución y acceso a energía limpia, con especial énfasis en comunidades con rezago y en la modernización de las grandes urbes de la región. Los participantes coincidieron en que las APP son indispensables para dar viabilidad a los planes de transición energética.
“La colaboración público-privada es el motor de la implementación de todo lo que vamos a hacer. Sin eso, los planes van a quedar en papel”, afirmó Javier Pastorino, y detalló la visión tecnológica de Siemens Energy a través de su “radar de descarbonización”, que contempla tres procesos:
Eficiencia energética, con tecnologías como ciclos combinados de gas natural de alta eficiencia y proyectos de cogeneración
Penetración de renovables, aprovechando el potencial solar y eólico en países como México
Descarbonización profunda, con innovación en hidrógeno verde y combustibles sintéticos para sectores difíciles de electrificar como aviación y transporte marítimo
“La buena noticia es que la tecnología está disponible. Si trabajamos con eficiencia energética, implementación de renovables e innovación en combustibles sintéticos, podremos avanzar en la hoja de ruta hacia la sostenibilidad”, dijo Pastorino.
Por su parte, Javier Rivas señaló que la experiencia europea muestra la necesidad de una hoja de ruta integral que contemple acceso universal a comunidades rurales, eficiencia energética en las ciudades y desarrollo de infraestructura para electromovilidad. “La mejor energía es la que no se consume. El tema de eficiencia energética es fundamental y requiere metas claras. En Europa tenemos objetivos a 2030 del 11.5% de ahorro, y aunque vamos rezagados, seguimos trabajando para alcanzarlos”, explicó.
Salomón Amkie recordó por su parte que los proyectos energéticos requieren marcos de inversión de largo plazo que permitan confianza en los retornos. “Infraestructura en general y energía en particular son negocios de muy largo plazo. Las APP representan un acuerdo de colaboración entre privados y públicos que distribuye riesgos y da certeza a los inversionistas”, puntualizó.
Sin embargo, apuntó que el capital está disponible, pero la competencia entre proyectos es cada vez más estricta: “Hay millones de dólares listos para invertirse. Lo importante es que los proyectos sean accionables y tengan estructuras sólidas”. Advirtió que existen factores exógenos como volatilidad macroeconómica, aranceles o incluso decisiones políticas que influyen en la asignación de capital. En este contexto, insistió en que los desarrolladores deben enfocarse en lo que sí pueden controlar: equipos sólidos, estructuras financieras viables y proyectos con demanda real.
Juan Ignacio Díaz subrayó que el cobre dejó de ser visto solo como materia prima y se ha convertido en un actor central de la electrificación global. “Sin cobre no hay energías renovables, no hay electromovilidad ni digitalización. El cobre es 100% reciclable, conductor eléctrico por excelencia y más del 30% del que se usa cada año proviene de fuentes recicladas”, explicó.
El directivo recalcó que la industria del cobre necesita tanto de las energías renovables como éstas del cobre, y que los usuarios finales demandan producción responsable: “Los grandes fabricantes de autos, desde Tesla hasta Toyota, nos exigen cobre con baja huella de carbono y respeto a las comunidades”.
Los panelistas coincidieron en que la regulación es un punto crítico. Juan Ignacio Díaz recordó que Chile y Argentina han logrado atraer inversiones gracias a reglas claras y estabilidad fiscal. “No podemos seguir demorando 20 años en permisos. No pedimos menos requisitos, pedimos seriedad. Hay que acelerar con reglas estables y tiempos razonables”.
México ante el reto energético: inversión privada y tecnología como clave para un sistema confiable
El sistema eléctrico de México enfrenta un rezago acumulado de más de una década en transmisión y distribución, afectando la capacidad de atender la creciente demanda industrial y tecnológica. Luis Lugo, Country Head México CloudHQ, destacó: “Llevamos 12 años prácticamente sin crecimiento de la red. Esto genera un cuello de botella que impacta la descarbonización y la competitividad industrial”.
El experto explicó que la CFE ha tenido limitaciones financieras, y los proyectos que se han asignado presentan retrasos de hasta 6 o 7 años, de los cuales solo un pequeño porcentaje se ejecuta actualmente. Además, mencionó la importancia de la transmisión como columna vertebral del sistema eléctrico, especialmente para industrias de alto consumo como los data centers:
“El consumo energético en un data center puede superar al de varias subestaciones grandes; si no invertimos en infraestructura, no habrá capacidad suficiente para atender la demanda futura”. Los speakers coincidieron en que la planificación es crucial, no solo para el crecimiento industrial, sino para garantizar un suministro estable y evitar apagones, “No existe transición energética si no logramos llevar esos electrones desde donde se generan hasta donde se necesitan.” – Aniela Marval, Vicepresidenta de Grid Technologies Sales Latin America para Siemens Energy.
La experta subrayó la importancia de la digitalización y la automatización de las redes eléctricas como herramientas fundamentales para mejorar eficiencia y confiabilidad: “Entre mayor monitoreo y sensores en la red, mayor optimización podemos hacer, anticipando fallas y mejorando la disponibilidad del sistema”. Explicó que el uso de HVDC para largas distancias permite integrar energías y potencias de diferentes lugares, reduciendo pérdidas y aumentando la estabilidad del suministro.
Además, destacó la incorporación de FACs para regular flujos eléctricos y tecnologías de captura de emisiones como la tecnología Blue, que contribuye a descarbonizar la red. “Solo con digitalización podemos mejorar hasta un 40% el desempeño de los sistemas energéticos, algo fundamental ante la demanda que viene de data centers y nuevas industrias”.
El panel también destacó que la planificación a largo plazo debe considerar factores como seguridad energética, redundancias, tenencia de la tierra y proximidad a los mercados, especialmente en el caso de instalaciones críticas como los data centers, que requieren disponibilidad casi absoluta: “Un data center tiene que tener el menor riesgo posible: seguridad energética, redundancias de suministro y estabilidad en la propiedad de la tierra”, agregó Luis Lugo.
Los expertos coincidieron en que la participación de la inversión privada es esencial para reforzar la red de transmisión y distribución. Empresas están construyendo subestaciones y líneas que luego se integran al sistema nacional, permitiendo atender la creciente demanda industrial y tecnológica.
Casiopea Ramirez Melgar, experta en regulación y mercados eléctricos, señaló, “Aunque los costos son altos, la colaboración público-privada permite reforzar la infraestructura y atender la demanda creciente de parques industriales y data centers”. El panel enfatizó también la importancia de la interconexión regional, que permite exportar excedentes, diversificar la matriz energética y reducir costos.
Se mencionaron ejemplos de éxito en Europa y Centroamérica, donde la coordinación y un “idioma eléctrico común” entre países ha permitido una operación más eficiente: “La coordinación entre empresas, gobiernos y reguladores es indispensable para fortalecer la infraestructura eléctrica del país y atraer inversión”, afirmaron.
Finalmente, los expertos subrayaron la necesidad de reglas claras de remuneración e incentivos para inversiones privadas, para no encarecer el acceso a la red y garantizar que la modernización se realice de manera eficiente: “Si no reconocemos las inversiones privadas en tarifas o costos, solo estamos encareciendo el acceso a la red para los usuarios privados”, concluyó Aniela Marval.
La agencia Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) de B3 a B1, asignándole una perspectiva estable. La decisión se sustenta en el mayor compromiso financiero del Gobierno federal, que recientemente presentó un plan de rescate para la petrolera, considerado por la calificadora como un cambio relevante en la estrategia institucional.
El Plan Estratégico 2025–2035, anunciado por la administración de Claudia Sheinbaum, contempla tres operaciones clave: la colocación de 12,000 millones de dólares en bonos, la creación de un fondo de inversión público-privado por 13,000 millones de dólares para 21 proyectos de exploración y producción, y un nuevo régimen tributario para reducir la carga fiscal de la empresa.
“La mejora en las calificaciones refleja un mayor compromiso por parte de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a Pemex en el cumplimiento de sus obligaciones financieras”, señaló Roxana Muñoz, vicepresidenta y oficial senior de crédito de Moody’s. La agencia también destacó que el plan “marca un cambio en el enfoque del gobierno” y busca fortalecer la posición financiera de Pemex en los próximos cinco años.
Pese a la mejora, Moody’s advirtió que Pemex enfrenta desafíos estructurales persistentes, como la caída en producción, falta de inversión y pérdidas en refinación. La empresa requerirá cerca de 7 mil millones de dólares anuales en 2026 y 2027 para cubrir vencimientos de deuda y operaciones, mientras que al cierre de junio de 2025 contaba con 5,100 millones de dólares en efectivo, además de líneas de crédito comprometidas.
La petrolera, que ha duplicado su deuda en las últimas dos décadas hasta alcanzar 106,000 millones de dólares, mantiene una producción de crudo por debajo de la mitad de sus niveles históricos. Moody’s señaló que una mejora futura dependerá de que Pemex logre generar flujo de caja positivo, financie internamente la reposición de reservas y mantenga el respaldo gubernamental en un entorno de alta presión financiera.
China Concord Resources Corp (CCRC) encabezó la llegada de la primera instalación petrolera flotante al lago de Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, como parte de un proyecto valorado en 1,000 millones de dólares.
La infraestructura principal es la plataforma Alula, una unidad marina autoelevable con bandera de Santo Tomé y Príncipe, que partió del puerto de Zhoushan, en China, y fue guiada por remolcador bajo el puente del lago rumbo a Lagunillas.
El proyecto se desarrolla bajo un contrato de producción compartida de 20 años entre CCRC y la estatal venezolana Pdvsa, e incluye el despliegue de especialistas chinos para reabrir al menos 100 pozos inactivos. La meta es elevar la producción en los campos Lago Cinco y Lagunillas desde los actuales 12,000 barriles diarios hasta 60.000 bpd para finales de 2026.
Según el esquema operativo, el crudo ligero será destinado a Pdvsa, mientras que el crudo pesado se exportará directamente a China. La instalación de la plataforma Alula representa la primera gran obra de infraestructura en el lago de Maracaibo en años, en un contexto marcado por restricciones financieras y sanciones internacionales.
La estatal Pdvsa mantiene su producción estabilizada en torno a 1 millón de barriles diarios en 2025, mientras que las exportaciones petroleras alcanzaron 966,500 barriles diarios el mes pasado, el nivel más alto en nueve meses, de acuerdo con cifras reportadas.
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello.
